Propuestas de IU para garantizar el derecho
constitucional a la vivienda.
El precio medio de las viviendas se ha duplicado en 6 años,
mientras que las rentas salariales tan sólo han
crecido un 20% en ese período en España. El esfuerzo necesario para
adquirir una vivienda representa hoy más del 45% del salario medio, provocando
tales niveles de endeudamiento en las familias que el propio Banco de España ha
lanzado una señal de alarma. Mientras tanto, la vivienda en alquiler representa
tan sólo el 9% del parque total de viviendas, con mucho el más bajo de Europa.
A pesar de ello, la Vivienda de Protección Pública ha desaparecido
prácticamente del país, y tras ella se ha producido la caída en picado de la
VPO de iniciativa privada. Las instituciones públicas se inhiben como agente
inversor, no se interviene directamente en el mercado de la vivienda, y se usa
un retrógrado sistema de ayudas directas y fiscales, cerrando los ojos ante el
descalabro de la vivienda pública y protegida, transformando el territorio en
un mero soporte inmobiliario.
Para garantizar el derecho constitucional a una vivienda
digna, IU considera imprescindible un Pacto de Estado entre la Administración
General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sobre el suelo
y la vivienda, que se fundamente en el gasto público directo, y en el suelo
público como motor de una política de vivienda al servicio de la sociedad y no
de intereses especulativos. Proponemos sustanciales modificaciones en la Ley de
Bases de Régimen Local, para que se potencien los instrumentos municipales de
planeamiento y ordenación de los conglomerados urbanos con una planificación
hacia la sostenibilidad.. Para ello es imprescindible la participación
ciudadana, que para que sea operativa, debe ser suficientemente informada. En
este sentido creemos necesario el cambio en la legislación sobre suelo y
urbanismo, que contengan las líneas básicas de lo apuntado anteriormente. Del
mismo modo pedimos la devolución a los municipios de los terrenos e infraestructuras
que en su día fueron cedidos para uso militar, viario, sanitario, etc, y que
hayan sido desafectados.
En el caso de Burgos Capital se han producido en las últimas
décadas algunas circunstancias que nos han llevado a estar entre las ciudades
de España con los precios más altos en vivienda .El volumen de viviendas de
promoción pública ha sido muy reducido durante 50 años(1940-90), con un 10,20%
sobre el total construido. Desde 1970 comenzó el fenómeno de contar con un
número considerable de viviendas desocupadas a la vez que se apreciaba una
falta de las asequibles. La promoción privada llevaba las riendas de tan
próspero negocio. La oferta se dirigía a la creciente clase media y a la clase
alta. Los PGOU han sido incumplidos sistemáticamente durante décadas y sólo han
servido para legalizar los desaguisados cometidos.
Algunos datos nos pueden servir para ver cómo hemos llegado
a la actual situación:
-Las
viviendas de promoción pública en Burgos Capital entre 1970-90: 2.238
-Las
viviendas de promoción privada en Burgos Capital entre 1970-90: 17.004
-De estas
últimas el 67% han sido construidas por
grandes promotores, entre
ellos: A.M Méndez Pozo 2.619,Arranz Acinas
2.282, CAM 865,
En los últimos años el proceso ha seguido por parecidos
derroteros y el aumento vertiginoso de la construcción de pisos, no ha servido
para bajar o estabilizar su precio, al tiempo que la intervención pública ,al
ser mínima, no ha solucionado este agudo problema que los burgaleses entienden
como el primero y más grave de los que tiene la Ciudad.
Proponemos las
siguientes medidas concretas a tomar:
1- Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, estableciendo la reserva
municipal de suelo integrado en la ciudad, un porcentaje más alto en
construcción de VPO(en torno al 50%), y densidades de edificabilidad siguiendo criterios de
sostenibilidad. Finalmente, introduciendo condicionantes medioambientales en la
edificación y urbanización: ahorro energético, eliminación de barreras, 3ª
tubería de agua, arquitectura bioclimática, peatonalización etc. Así mismo se
deberá acometer un plan de ordenación de todo el Alfoz.
2- Cumplimiento
de la Ley de plazos de edificación. Establecer una cuantificación de las
intervenciones públicas a realizar en una legislatura y periodizar la
construcción de vivienda de promoción pública: en torno a 500 viviendas anuales
sería un buen ritmo. Se construirán nuevos equipamientos sociales al tiempo que
las viviendas y los ejes de comunicación.
3- Poner
en juego el patrimonio municipal de solares y viviendas para uso exclusivo del
fin que se persigue: abaratar el precio de la vivienda y solucionar el acceso a
ésta por parte de los sectores sociales más desfavorecidos. Incremento constante
de este patrimonio con el 5% del presupuesto anual de inversiones.
4- Ampliación
de la funciones de la Gerencia de
Urbanismo con el fin de darle la posibilidad de actuar en el ámbito de la
vivienda, con más competencias: promoción pública, control de los alquileres,
rehabilitación, intermediación, información, elaboración de estudios, etc.
5- Es
imprescindible llegar a acuerdos entre las distintas instituciones para poder
financiar todas estas medidas y trabajar coordinadamente. Establecer un Pacto burgalés
por la Vivienda en el que se implique la Junta, Diputación, Gob.Central, e incluso las Cajas de Ahorro .Ello es debido
a la falta de capacidad financiera de los ayuntamientos que no llegan al 15%
del gasto total público
6- Creación
de un Instituto, Empresa pública o Agencia de suelo, vivienda y alquiler
social. IU promoverá la creación de estos instrumentos orientados tanto a la
provisión de suelo, como a la promoción de vivienda de protección oficial, y a
gestionar y movilizar un parque de viviendas en alquiler social.
7- La
participación ciudadana en las políticas de vivienda. Impulsar la participación
de los ciudadanos y asociaciones en el diseño, junto con el Ayuntamiento del
planeamiento futuro y las políticas que sobre vivienda y urbanismo se diseñen.
Potenciar el Consejo Sectorial de Urbanismo para estos fines al tiempo que una
mayor información a la ciudadanía en general.
8- Drástico
incremento en la producción de VPO y Vivienda Social. Pero la VPO que IU
propone deberá tener unas características muy determinadas:
-Deberán estar calificadas de por
vida, de forma que sólo se transmitan a personas que cumplan los requisitos
iniciales, y por el precio que marque la normativa.
-Sólo se cederán en derecho de
superficie a 75 años, con precio máximo entre 80.000 a 150.000 euros. A los 75
años revertirán a la Administración.
-Las viviendas sociales sólo se
cederán en alquiler con una renta media entre 150 y 200 euros mensuales.
-Todas ellas se adjudicarán por
sorteo, con total transparencia de las Administraciones, primándose a
colectivos y familias de especiales circunstancia.
9- Una
decidida apuesta por el alquiler social y protegido. El 40 % de las actuaciones
en materia de vivienda protegida tendrán como destino el alquiler.
10- Vivienda vacía.
Creación de Agencias Públicas de alquiler de vivienda, obteniendo el usufructo
temporal de éstas para ser alquiladas a precios sociales. Al propietario se le
garantiza el cobro del alquiler a precio de mercado y la conservación de sus
inmuebles. La diferencia va a cargo de los presupuestos públicos. Se gravará
fiscalmente a quien teniendo una vivienda desocupada no la ponga en alquiler.
11- Ayudas a la
rehabilitación y a la compra de vivienda libre usada. Se subvencionará la
rehabilitación individual y colectiva de edificios. También se concederán
subvenciones para la compra de vivienda libre usada.
12- Nuevas fuentes de
financiación. Las Adm. Públicas liderarán acuerdos con entidades privadas para
incentivar su participación en operaciones de compra, promoción y alquiler de
VPO.
13- Lucha contra el
fraude en materia de vivienda protegida. La admin..Gral. del Estado en
cooperación con la Junta, el Ayto. y los notarios y registradores vigilarán el
mal uso y el fraude en las VPO, utilizando el derecho de tanteo y retracto donde
convenga.
14- Una nueva
legislación sobre suelo. Instar desde el Ayto. a quien tenga competencias a que
modifique la Ley del Suelo, garantizando en su texto la consecución del interés
público en la ordenación urbanística.
15- La reforma
necesaria de la financiación de las Corporaciones Locales. La venta de suelo
público no debe seguir siendo el modo en que los municipios aseguran la
financiación de sus crecientes necesidades.
16- Incremento del
gasto público en vivienda y modificación de su estructura. El gasto público en
vivienda en España representa tan sólo un 30% de la media de la UE. Además sólo
un tercio se dedica a inversión directa
y el resto es gasto fiscal. Proponemos triplicar el gasto, pasando del
1% del PIB actual al 3%, promoviendo la convergencia así con la UE. Y subvertir
al tiempo esta estructura del gasto, siendo un 75% el destinado a inversión
directa en vivienda protegida.
17- Cooperativas de
VPO. Se debe apoyar a las cooperativas
con verdadera base social en la producción de VPO, separándolas de
las”ficticias”que de forma fraudulenta montan algunas promotoras privadas en
torno a los concursos públicos
18- Protección
preferente de determinados colectivos. Los ancianos, minusválidos, inmigrantes,
jóvenes, familias monoparentales,
marginales, etc, deberán ser objeto de tratamiento especial en materia de
vivienda.
19- El medio ambiente
y la vivienda. Integración del medio ambiente en los proyectos constructivos
por medio de normativas y políticas públicas. Empezando por dar ejemplo en los
edificios hechos por la Administración. Promoción de la eficiencia energética y
tecnología bioclimática.
20- La prevención de
riesgos laborales. La construcción tiene una gran incidencia en la
siniestralidad laboral. Consideramos que se debe impulsar la prevención en este
sector y el aumento de inspecciones.
21- La reforma del
Estatuto del Consumidor en materia de vivienda. IU promoverá un Estatuto legal
del consumidor en materia de compra o alquiler de vivienda, que ofrezca
protección jurídica a los inquilinos y a los propietarios. Tanto la OMIC como
la propia Gerencia de Urbanismo con una oficina de información, pueden
encargarse a nivel local de Burgos de los conflictos que surjan en estos temas
de vivienda.
22- El fenómeno de la
ocupación. Despenalizar en el Código penal este fenómeno. Diálogo como forma de
solucionar las necesidades reales de espacios públicos.
23- Establecimiento
de programas de actuación pública
concretos. Sirvan como ejemplo los siguientes:
-
Construcción de viviendas en venta, acogidas a algún
régimen de financiación VPO: éstas tienen limitado su precio máximo, y la
posibilidad de obtener préstamos cualificados y subvenciones de la Admón.
Central y Autonómica. Su superficie
oscila entre 50 y 90 metros cuadrados. Los destinatarios no deben superar unos ingresos
anuales de 5,5 veces el SMI. Se establece un pliego de condiciones; el plazo
para optar a estas viviendas está abierto todo el año, formando un listado de
demandantes. Se atiende en primer lugar a aquellos que no disponen de vivienda
en propiedad, incorporándose después a otros que cumplan la normativa para el
acceso a VPO(R.D. 1/2002).
-
Viviendas en alquiler. Se trata de viviendas de nueva
planta o procedentes de edificios rehabilitados , destinadas al alquiler o a la
cesión de superficie por un número de años. Tienen limitada su renta mensual y
también se acogen a régimen de
financiación de VPO, así como ayudas de la Junta y Fomento. Los destinatarios
son personas con ingresos anuales ponderados de 2,5 veces el SMI, y la renta
máxima anual no puede superar al 2,5% del valor de la vivienda. Como en el caso
anterior se aplican unos baremos y se mantiene un listado de demandantes. El
Ayuntamiento gestiona directamente su parque de viviendas en alquiler.
-
Fomento del alquiler de viviendas desocupadas. Tras
hacer un censo de viviendas vacías en la ciudad, el Ayto. contactará con los
propietarios para que las pongan a disposición de ser alquiladas por el
primero, garantizándoles el pago del alquiler y la devolución de su vivienda en
perfecto estado al finalizar el contrato. De forma paralela se establecerá un
programa de ayuda al pago del alquiler para jóvenes, mujeres y familias con
pocos recursos. Por último se gravará a la vivienda desocupada con un tipo de
IBI el máximo permitido por la legislación.
-
Programa de rehabilitación de edificios y espacios
urbanos degradados. Los edificios que se acogen a estas ayudas, así como los
solicitantes, deben cumplir con unos requisitos relativos a tipos y necesidad
de las obras a realizar, características y edad del edificio, ubicación,
así como una limitación de los ingresos
por parte de quien solicita las ayudas. En el caso de espacios urbanos se trata
de una actuación directa del Ayto. en diversos sectores de la ciudad, con el
objetivo de mejorar su adecentamiento de calles, plazas, fachadas,
medianerías...
-
Colaboración con los programas de área de
rehabilitación integral(ARI)que designe la Junta, como los de Río Vena y en
futuro del Centro Histórico, y barriadas como Juan XXIII e Inmaculada, y otros
que se propongan.
-
Medidas de rehabilitación de viviendas vacías,
especialmente en el Centro Histórico, para ser puestas en manos de la bolsa de
alquiler del Ayto. Se debe plantear desde esta institución en algún caso
adquirir algún edificio para su reforma y utilización social.
-
Plan de adquisición diferida a pensionistas. Puede el
Ayto. ofrecer unas ayudas o comprar la vivienda a pensionistas en vida con
penurias económicas, y luego pasar éstas a la bolsa de alquiler. Como objetivo,
la mejora de las condiciones de vida de los ancianos, pudiendo acogerse a
programas de vivienda tutelada, residencias, u otras de alquiler social más
adaptadas a ellos. Al tiempo se optimizan unas viviendas que fueron pensadas
para 4 o más personas y en las que actualmente vive tan sólo 1.
-
Otras actuaciones: como generar suelo urbanizado para
la construcción de VPO, con destino a la pequeña y mediana empresa y sector cooperativo. Por medio de una empresa
de capital totalmente municipal o bien directamente por medio de su brigada de
obras en algunos casos, construye equipamientos y sistemas de dominio y uso
público, así como para otros organismos. Finalmente se puede asumir la
iniciativa municipal en la promoción y gestión de aparcamientos públicos.
-
Se establecerá un programa de financiación para
desarrollar todas estas actuaciones, de forma concertada con las instituciones
implicadas y Cajas de Ahorro.
Burgos a 10 de
octubre del 2004 Izquierda Unida Burgos.
[1] Díaz Miguel ,Pedro.
Crecimiento Urbano y segregación social en Burgos 1940-90.IMC Ayto.
Burgos.2003.
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