PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IMAGINA BURGOS

RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD Y EXIGENCIA DE

RENEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL DESVÍO DEL

FERROCARRIL DE BURGOS.

155.- Se dio cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Municipal

Imagina Burgos, relativa a la declaración de lesividad y exigencia de

renegociación del Convenio del Desvío del Ferrocarril de Burgos, interviniendo

en doble turno los Sres. Salinero Lacarta, Fernández Santos y la Sra. Bañeres

de la Torre y en un único turno el Sr. De Foronda Vaquero y el Excmo. Sr.

Alcalde, con el detalle que queda recogido en el Diario de Sesiones.

Concluido el debate y sometido el asunto a votación, la proposición fue

aprobada por unanimidad, con la enmienda presentada “in voce” por el Grupo

Popular y con la enmienda presentada “in voce” por el Grupo Socialista, al

votar a favor los 10 Corporativos del Grupo Municipal Popular, los 7

Corporativos del Grupo Socialista, los 6 Corporativos del Grupo Imagina

Burgos, los 3 Corporativos del Grupo Ciudadanos Burgos y la Corporativa no

adscrita.

La Proposición aprobada se reproduce a continuación:

“El 28/11/1997 se celebra el Pleno Municipal en el que se debate y se

aprueba el “Convenio de Colaboración para la construcción de la variante

ferroviaria de Burgos, entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y

León, el Ayuntamiento de Burgos y RENFE”.

En ese mismo Pleno se votó el “Convenio para la transmisión al

Ayuntamiento de Burgos de los suelos liberados por la puesta en servicio de la

variante ferroviaria de Burgos, entre el Ayuntamiento de Burgos y RENFE”.

El Convenio de colaboración preveía en su 4ª cláusula un coste

estimado de 17.000 millones de pesetas que se repartirían de la siguiente

forma:

- Ministerio de Fomento: 50 %

- Junta de Castilla y León: 25 %

- Ayuntamiento de Burgos: 25%

Se preveía que un posible sobrecoste sobre lo estimado de hasta 2.000

millones de pesetas, se repartiría en los mismos porcentajes: 50; 25 y 25 %

respectivamente.

Todo lo que excediese a esos 19.000 millones de pesetas (114 millones

de €) deberá ser pagado en exclusiva por el Ayuntamiento de Burgos.

RENFE, por su parte, cedía al Consorcio los terrenos que quedarían

desafectados y que se valoraban en 8.000 millones de pesetas.

Se calcula que el importe real de la obra habrá rondado los 240 millones

de €. El exceso de sobre coste es, por tanto, de unos 126 millones de euros.

Al Ayuntamiento le corresponden, por tanto:

• 25% de 114 millones de € = 28.500.000 €

• 100% de 126 millones € = 126.000.000 €

TOTAL: 154.500.000 €

Lo que supone el 64,3% de la obra, sin contar los terrenos que ha

aportado y las tasas a las que ha renunciado.

Este sistema de financiación de la obra es perverso:

a) Esto obliga al Ayuntamiento, apoyado por Fomento y la Junta, a

convertirse en el primer especulador de suelo de la ciudad. Es el primer

interesado en que el suelo esté caro en Burgos para poder hacer frente a los

gastos comprometidos en el Convenio.

b) El dinero sale del bolsillo de los burgaleses al comprarse una

vivienda. Son los burgaleses los que financian la obra ya que los terrenos

aportados por RENFE, cuyo valor en 1998 se estimaba en 48 millones de €,

deben convertirse en 154,5 millones €, que es lo que el Ayuntamiento deberá

aportar. ¿De dónde salen esos 106,5 millones € de diferencia? Del bolso de los

burgaleses. Dinero que se detrae de otras inversiones o gastos más

productivos para la ciudad.

c) Además, se recauda ese dinero de la peor forma posible: no lo hace

vía impuestos (que, al menos, suponen una carga proporcional a la riqueza de

cada cual) sino vía sobrecoste de la vivienda.

d) Los costes de urbanización del futuro bulevar son abonados en su

totalidad por el Ayuntamiento de la ciudad.

Esos 126.000.000 € deberían ser abonados por Fomento ya que fueron

los técnicos del Ministerio del Gobierno de la Nación los que valoraron en 1997

los costes de la obra en 114 millones de €. Los burgaleses no tenemos la culpa

de la enormidad de ese error.

Parte de ese sobrecoste es debido a la conversión de línea convencional

en AVE, parte lo es por elevación del precio de las expropiaciones, y mucho

más lo es por el retraso en la ejecución de la obra (más de 10 años), lo que

multiplica el precio.

La cláusula novena del citado Convenio, establecía la creación de una

comisión de seguimiento, para velar por el cumplimiento de las obligaciones

contraídas. Por el Ayuntamiento de Burgos asistía el concejal de Urbanismo.

Una de las funciones de este órgano era “dar su conformidad, previo a la

aprobación por el órgano de contratación, a las variaciones de coste de las

obras, así como velar por el cumplimiento de los plazos fijados para la

ejecución del Convenio”.

Como la vigencia del Convenio se extiende hasta la liquidación de las

obras, todavía se está a tiempo de denunciarlo en base a su cláusula13.

En el Pleno Municipal celebrado el día 19/12/2002 se aprobaron de

forma definitiva los Estatutos del Consorcio para la gestión de la “Variante

ferroviaria de Burgos”, junto con la resolución de las alegaciones formuladas a

los mismos.

Este Consorcio está formado por el Ayuntamiento de Burgos, Caja de

Burgos y Cajacírculo.

Los Estatutos de dicho Consorcio se aprobaron por acuerdo plenario el

19/12/2002.

En el apartado 5º de su artículo 1º “Se declara al Consorcio beneficiario

de la expropiación de los suelos liberados como consecuencia de la

construcción y puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Burgos”.

Ante la limitación de endeudamiento de los Ayuntamientos se contempla

la posibilidad de constituir consorcios, que según la legislación no son

entidades públicas, pero que surgen de la unión en asociación entre la

Administración Pública, en nuestro caso el Ayuntamiento, con “entidades

privadas sin ánimo de lucro”, donde se enmarcan las Cajas; CajaBurgos y

CajaCírculo. Los primeros pasos en la creación del Consorcio se dan en el

2001, conllevan la aceptación de las Cajas de ser miembro de la asociación y

lo que implicaba una operación de crédito, lo que les convertían por una parte

en miembros del consorcio y por otra a quien les adeudaba el Consorcio. La

operación financiera se estipulo en 61 millones de euros (10.250 millones de

pesetas), pero que dadas las características especiales del Proyecto y sobre

todo de urbanización de la Gran Avenida -Bulevar Ferroviario- , las Cajas

comprometieron unos fondos adicionales de 42 millones de euros (7.200

millones de pesetas). Con datos actuales, la inversión realizada es de 180

millones, y quedan varios tramos por ejecutar.

El Consorcio en manos del PP dio un vuelco a su viabilidad, al centrarse

en operaciones de enriquecimiento privado, tal y como demuestran las cuentas

de 2004. Para atajar esos primeros datos negativos, el Partido Popular de

Lacalle y Aparicio, toman la vía de la especulación con el suelo, a través de un

megaproyecto de infraestructuras, el Bulevar ferroviario y una modificación del

Plan del General de Ordenación Urbanística, que equiparaba a Burgos con

grandes metrópolis. En el 2005, el consorcio aplicando la dedocracia contrató,

por un importe de 7 millones de euros, al estudio suizo Herzog & De Meuron

para la redacción del Master Plan y el diseño del Bulevar.

De acuerdo con el convenio firmado entre Renfe (luego ADIF), el

Ministerio de Fomento, Junta y el Ayuntamiento de Burgos, el coste de las

obras de urbanización del antiguo trazado urbano del ferrocarril valorado en 95

millones de euros, sería sufragado por el Ayuntamiento de Burgos. Para ello

contaría con las plusvalías originadas por la venta de los terrenos desafectados

por el ferrocarril.

Por este motivo, la ordenación urbanística de estos terrenos previó un

urbanismo excesivamente denso, con el fin de conseguir el mayor beneficio

con el que pagar las obras.

El estallido de la llamada burbuja inmobiliaria en la segunda mitad de la

primera década del siglo, hizo caer fuertemente el interés por estos suelos, y

los ingresos por las ventas de las parcelas resultantes han sido muy inferiores

a lo esperado.

Esto ha causado un fortísimo endeudamiento en el propio Ayuntamiento

de Burgos y en el Consorcio creado junto con las cajas de ahorros locales

(Caja de Burgos y Caja Círculo, hoy transformadas en los bancos CaixaBank e

IberCaja), con una muy compleja resolución.

La situación actual es la de un Consorcio en quiebra y un Bulevar

inconcluso. La deuda actual es de 167 millones de euros, mientras que sus

activos no llegan a los 91 millones. Esta situación, esta estafa, es la que

pretenden trasladar a la ciudadanía, a través de un rescate público del

consorcio. Al Consorcio para la Variante Ferroviaria le quedan 80 días para

encontrar 39.172.892 euros con los que saldar parte de los créditos contraídos

entre los años 2003 y 2008, para afrontar la parte que Burgos se comprometió

a pagar de la obra del desvío y la urbanización (bulevar) de los terrenos

liberados con la salida del tren. Son cifras mayúsculas, pero representan

únicamente una parte menor de la deuda real.

Porque el hongo de la explosión alcanza unas dimensiones de

166.855.870 euros y los que están debajo son los ciudadanos de la capital, a

razón de 953 euros por habitante.

Las Cajas, en ningún momento se comportaron como entidades privadas

sin ánimo de lucro ellas gestionaron el Consorcio y generaron pingües

beneficios. A ellas se les encomendó la Gerencia del Consorcio y han obtenido

un enriquecimiento ilícito de las operaciones. En el 2006 se estimó que

cobrarían por costes de gestión y costes financieros de 28 millones de euros,

cifra que en la actualidad es mayor. Se les permitió y permite cobrar el 2% de

los gastos y 2% de los ingresos que genera el Consorcio. Los terrenos que

hace 10 años les valían como pago, ahora no les sirve. Estamos a las maduras

pero no a las duras.

Consideramos que la deuda del consorcio es ilegítima, no son los y las

burgalesas las que deben pagarla. Que las entidades financieras y el Ministerio

de Fomento deben asumir su responsabilidad.

Parte resolutiva:

- Exigir al Ministerio de Fomento y a la Junta de Castilla y León la

renegociación del Convenio de Colaboración para la construcción de la

Variante Ferroviaria de Burgos, suscrito por el Ministerio de Fomento, la Junta

de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos y RENFE, aprobado en sesión

plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Burgos el día 28 de noviembre de

1997, al objeto de que no corresponda a este Ayuntamiento de Burgos el pago

en exclusiva del coste por encima de 19.000 millones de pesetas (114 millones

de euros) derivados de la ejecución de la referida Variante Ferroviaria de

Burgos al no ser una infraestructura de titularidad municipal.

- Crear un equipo jurídico-técnico, en el que participe administrativistas

de reconocido prestigio a nivel nacional, que analice toda la deuda del

Consorcio para la gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos y que

determinará las obligaciones del Ayuntamiento y las del resto de actuantes,

dando de esta forma cumplimiento al acuerdo aprobado unánimemente por

todos los Grupos Municipales en sesión celebrada el día 14 de noviembre de

2014.”

En Burgos a 13 de noviembre de 2015.

ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA CIUDAD DE BURGOS

 

Proposición presentada por Imagina Burgos, aprobada con los votos favorables de Imagina-PP-C´s y el voto en contra del PSOE. Se da la circunstancia que este mismo texto se rechazó en un pleno de marzo de 2015 donde lo presenté por IU y fue votado a favor por el PSOE-SI e IU y en contra por la mayoría absoluta del PP. Curioso el paso del tiempo. Pero la necesidad del Plan era la misma.

 

         Los ciudadanos actuales demandan de una manera cada vez más creciente la existencia de una oferta suficiente  de instalaciones deportivas en las ciudades, toda vez que esta actividad va estrechamente ligada a conceptos tales como calidad de vida o vida saludable.

 

         Por tanto, esta necesidad de disponer de mayores y mejores instalaciones donde poder practicar un deporte obliga a las instituciones públicas, y en concreto a las Corporaciones Locales, a establecer previsiones anticipadas sobre qué equipamientos deportivos necesita su ciudad, dónde ubicarlos, cómo programar su ejecución o qué actuaciones se entienden prioritarias.

 

         La formulación de un Plan Director  de Instalaciones Deportivas para Burgos supone una ocasión para que reflexionemos sobre las necesidades que en esta materia tiene nuestra ciudad, señalando las principales carencias pero también las oportunidades, como modernizar y mejorar las instalaciones deportivas  públicas existentes, qué tipo de instalaciones demandan los burgaleses o qué barrios son los más deficitarios en esta materia. El Plan Directos así concebido constituye un compromiso y una vocación de calidad, tanto en lo que se refiere a la construcción de nuevos complejos polideportivos como a la eficacia de su gestión, y en su oferta de servicios y actividades a los usuarios.

 

Los objetivos que persigue un Plan Director como prioritarios son los siguientes:

-                                Lograr una distribución equilibrada de los equipamientos deportivos en los diferentes barrios de la ciudad.

-                                Establecer directrices para el aprovechamiento adecuado del medio natural(parques, zonas verdes, etc) como soporte de actividades deportivas.

-                                Completar la red de instalaciones deportivas mediante la construcción de nuevos equipamientos destinados al uso público, y a la modernización y mejora de las instalaciones públicas actuales.

-                                Establecer convenios o acuerdos sobre equipamientos deportivos y sus dotaciones materiales con los centros de enseñanza y las entidades privadas sin ánimo de lucro.

-                                La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material  deportivo, así como de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado.

 

Esta tarea compleja en definitiva se trata de una labor colectiva de reflexión, debate y consenso hasta alcanzar un pacto, el Plan, en el que deberán recogerse todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias para promover la práctica del deporte como hábito saludable y necesario, vinculado a la mejora de la calidad de vida.

 

         En este proceso colectivo de reflexión, debate y consenso corresponde a los representantes políticos municipales incentivarlo, dirimirlo y resolverlo finalmente en función de sus responsabilidades orgánicas.

 

         Por su parte, corresponde a los técnicos redactores del Plan, ser la ponencia que permita una reflexión razonada aportando la información necesaria, dando la participación necesaria para recoger las opiniones de todos, y proponiendo las soluciones técnicas que se acerquen al consenso conseguido o para resolver los conflictos que surjan. Corresponderá igualmente a los redactores del Plan advertir cuando las propuestas planteadas se alejen de la legalidad vigente o de los criterios técnicos y racionales comúnmente aceptados.

 

         Tres son por tanto los actores del proceso de formulación del Plan Director de Instalaciones Deportivas que proponemos para Burgos: los burgaleses; su ayuntamiento a través de los representantes políticos municipales; y los redactores del Plan(técnicos del propio Ayuntamiento), como instrumento capaz  de convertir la voluntad popular  y la política-administrativa en soluciones y documentos técnicos cualificados.

 

 

Por tanto solicitamos el siguiente ACUERDO por parte de este Ayuntamiento en Pleno:

 

 

Elaboración de un Plan Director de Instalaciones Deportivas de la Ciudad de Burgos, en torno a los objetivos y al proceso enunciado en la explicación del acuerdo presente.

 

Burgos marzo 2015

Creación de un Servicio Municipal de Protección del Patrimonio Cultural.

Esta proposición la elaboramos el grupo de trabajo de Patrimonio de Imagina en el que participo. Fue aprobada por unanimidad, pero en el sentido de ir dando una organización y valor a la sección de Patrimonio del Ayto de Burgos, tendente a asumir las funciones y el trabajo que proponemos.

Este fue finalmente el acuerdo:

- Proceder a un estudio en el que se analicen los medios personales y

materiales que en su caso sean precisos para que este Ayuntamiento de

Burgos pueda ejercer adecuadamente sus competencias en materia de

protección del Patrimonio Cultural para la salvaguarda, recuperación y custodia

del mismo, así como su puesta en valor. Esta documentación servirá de

análisis para una posible creación de un Servicio municipal de Protección del

Patrimonio Cultural, cuya composición, organización y funcionamiento serán

objeto de desarrollo reglamentario.

- El Ayuntamiento de Burgos garantizará el examen de las actuaciones

que afecten a los bienes protegidos y emitirán preceptivamente informes con

carácter previo a la concesión de licencias municipales. Velará por la integridad

del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Burgos, tanto público como

privado, desarrollando las actuaciones oportunas para su protección,

adecentamiento y conservación, fomentando la participación de la ciudadanía

en estas actuaciones.”

 Y esta la proposición que habíamos presentado:

 

Proposición al Pleno presentada por el Grupo de concejales-as de Imagina Burgos.

 

La ciudad histórica de Burgos se constituye por la suma de elementos en su patrimonio desde su fundación hasta nuestros días. Se conjugan restos procedentes de la edad del hierro, la romanización, y edades media, moderna y contemporánea. Es nuestro deber, como lo fue de nuestros antepasados, proteger, salvaguardar y poner en valor tanto los restos materiales como inmateriales de nuestra cultura pasada. El porvenir de los pueblos está en conocer el pasado para entender la realidad del presente y así afrontar el futuro.

La morfología de la traza urbana es predominantemente medieval, asentada entre el cerro del Castillo y el río Arlanzón, presenta un plano alargado por su posterior vinculación al Camino de Santiago. Después se añadirían la arquitectura de la Ilustración y los ensanches del XIX y el XX, que superaron la ciudad amurallada.

Burgos fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por Decreto del 20 de julio de 1967. Mantiene aún muchas de las características y funcionalidad que tuvo su centro histórico, debido a que la presión desarrollista de los últimos siglos, en parte, se llevó a los barrios periféricos .Pero éste entorno sigue amenazado y debemos ser celosos en su preservación

Una de las grandes fortalezas de Burgos como ciudad, así como de la provincia en su conjunto, es su patrimonio existente físico, pero también intangible, que es amplio, conocido y muy atractivo. Existen tres elementos clave declarados Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO (el Camino de Santiago, Atapuerca y la Catedral), que actúan como elementos de atracción y que permiten presentarse como una ciudad con mucha vocación cultural.

En Burgos, además, existen otros elementos patrimoniales de gran valor (la Cartuja de Miraflores, el Monasterio de las Huelgas, el Arco de Santa María, el Castillo, la Iglesia de

San Nicolás de Bari, la de San Esteban, la da San Gil, el Monasterio de San Juan, el Museo del Retablo, la muralla…)

Todo ello hace que haya un gran número de hitos históricos muy espaciados en el tiempo, pero en muy poco espacio físico. A pesar de ello, se considera que el conjunto de los recursos patrimoniales están infrautilizados, mal conectados, cohesionados y comunicados entre ellos y poco desarrollada su difusión y accesibilidad, así como mal explotado el conjunto patrimonial de Burgos.

El Ayuntamiento de Burgos aprobó en 1995 el Plan Especial del Centro Histórico (PECH) y con ello se dio un impulso a la protección del patrimonio que hasta ese momento se diluía en diversas ordenanzas. En los diversos planes generales de ordenación urbana que se han ido sucediendo, se ha ampliado el catálogo de bienes protegidos y ahondado en los detalles de los grados de protección. En pasadas legislaturas hemos visto como órganos llamados “Oficina del Centro Histórico” y ” Área de Rehabilitación del Centro Histórico”, han trabajado en la función de ayudar al mantenimiento y puesta en valor de edificios privados, consiguiendo la financiación necesaria mediante convocatoria de subvenciones o acuerdos entre administraciones.

Tras la desaparición del ARCH (que no dejaba de ser un órgano externo al propio funcionamiento del Ayuntamiento), es el momento de plantear  la recuperación de un servicio o departamento municipal que se ocupe de coordinar todas las políticas que tengan que ver con la conservación de la Ciudad Histórica y su puesta en valor.

En coordinación con otras instituciones, el Ayuntamiento tiene del deber de proteger, defender, realizar, promover y difundir el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio municipal o de los que se ubiquen en su término. Para ello debe adoptar medidas cautelares urgentes y necesarias para la salvaguarda del mismo. También es obligación del Ayuntamiento comunicar inmediatamente a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta, por medio de la Comisión Territorial de Patrimonio, cualquier situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad de tales bienes, de acuerdo todo ello con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico-Cultural.

En estos momentos, las licencias de obra en edificios protegidos o no del centro histórico de Burgos, pasan por la Comisión de Licencias y obras, y son motivo de informe de diversos arquitectos. Aunque se intenta adoptar un criterio único, entendemos que falta asesoramiento de personal específico en materias como arqueología, geografía, arte, historia…y a veces el exceso de trabajo lleva al departamento de licencias a no poder atender las denuncias que se producen. También falta control e inspección, tanto en el ámbito privado como en el público. Se necesita una colaboración de la policía local a la que se debe formar y dotar de personal que vigile el patrimonio.

Proponemos por tanto la apuesta por una gestión propia del Ayuntamiento para la protección del patrimonio, que sea la encargada de hacer informes vinculantes o proponer consultas a la Comisión de Patrimonio territorial de la Junta, antes de conceder una licencia de obra. Deberá hacer un seguimiento para corroborar que se ejecuta según el proyecto aprobado. También en las actuaciones que realice el propio Consistorio. Se dotará a este servicio municipal de funciones específicas para realizar bien su trabajo en colaboración con otros departamentos municipales como Acción Social, Policía Local, Cultura, Urbanismo…Se encargará de dar ayudas a la rehabilitación y de gestionar subvenciones que puedan obtenerse de otros organismos. Para ello estará dotado de personal suficiente entre jurídicos, arquitectos, arqueólogos-historiadores del arte, administrativos. Serán los ojos y los oídos de la ciudadanía para la conservación de nuestro patrimonio cultural.

 

Por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Burgos, el siguiente acuerdo:

-       Creación del Servicio Municipal de Protección del Patrimonio Cultural para la salvaguarda, recuperación y custodia del mismo, así como su puesta en valor.

Su composición, organización y funcionamiento serán objeto de desarrollo reglamentario.

Examinarán las actuaciones que afecten a los bienes protegidos y emitirán preceptivamente informes con carácter previo a la concesión de licencias municipales.

Velará por la integridad del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Burgos, tanto público como privado, desarrollando las actuaciones oportunas para su protección, adecentamiento y conservación, fomentando la participación de la ciudadanía en estas actuaciones.

 

 

En Burgos a    noviembre de 2015

Libros de texto. Proposición elaborada para Imagina Burgos.

Esta proposición fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos en septiembre de 2015, en sus dos primeros puntos. A favor Imagina y PSOE, abstenciones de PP-C´s y concejal no adscrita. El PSOE introdujo una modificación para que el Ayto subvencione los libros pero para el próximo curso 2016-17.

 

“Gratuidad de los libros de texto escolares y la aplicación de otros servicios educativos.”

El Grupo Municipal de Imagina Burgos presenta la siguiente proposición al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Burgos septiembre de 2015, para ser debatida y aprobada si procede.

 

Como dice la Constitución española, la educación obligatoria debe ser gratuita. La enseñanza pública es además un servicio público universal y de calidad. Pero eso no es suficiente, por mucho que se dote de colegios públicos y profesorado, sin libros o el material didáctico que se precise para aprender poco se puede aprender. Si no se dan servicios complementarios a los estudiantes, no es posible que sean capaces de sacar todas las potencialidades necesarias a lo largo de sus años de aprendizaje para llegar a las mayores cotas de formación que pudieran conseguir. Garantizar el acceso a la educación debe suponer que los libros deben ser  también gratuitos para todos los niños y niñas cuyas padres o madres estén situación en desempleo, o cuyos recursos económicos no sean superiores al triple del Salario Mínimo interprofesional (S.M.I.), al menos en la educación obligatoria (de los 6 a los 16 años). Es algo inseparable.

“Ha habido un importante retroceso en los fondos globales destinados a la gratuidad de los libros de texto y en el número de alumnos beneficiarios de ello”, denuncia la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su último informe, publicado recientemente. “También se han comprobado grandes diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al grado de consecución de la plena gratuidad de estos libros y en los mecanismos aplicados para alcanzarla”.

Pero es que ya hace casi 20 años, en 1995 el entonces Defensor de Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda,  ya insistió en la necesidad de la gratuidad plena de los libros de texto en su informe de ese año. Desde entonces, las Administraciones educativas han puesto en marcha programas diversos con ese fin pero no lo han logrado en dos décadas. Con crisis económica pero también sin ella. Desde luego es una iniciativa que costaría menos que hacer determinadas obras públicas o destinar fondos a Defensa.

La oficina de la Defensora del Pueblo ha insistido en que se pongan en marcha medidas y programas que “fomenten la reutilización de los libros de textos, no solo por razones de economía”, argumenta Soledad Becerril, “sino por su contribución al proceso educativo de los alumnos y a la mejor adquisición de actitudes de respeto, buen uso y conservación de los bienes, que deben ser transmitidos a otros alumnos”.

Es más, también es una buena costumbre para que los niños y niñas entiendan que hay múltiples objetos muy útiles que no tienen por qué ser suyos, pueden ser de todos. En el momento actual en el que el consumismo excesivo se ha frenado por la crisis, hay que prepararse para cuando remonte, ya que es presumible que entonces vuelva a incrementarse entre las personas jóvenes y mayores el exceso de compras o la obsesión por consumir al ritmo de lo que marque la moda de turno, lo que se traduce en nuevas zapatillas, cascos, pantalones o lo último en electrónica, se necesite o no. Es decir, el fomento del consumo responsable unido a la idea de que la mejor compra o el mejor regalo de la vida es tu educación. Y una inmensa parte de la educación que recibimos está en los libros, en los de texto y los demás… en formato de papel, electrónico… o el que aparezca en el futuro.

El gasto en libros de texto supone una tercera parte del total del desembolso que las familias efectúan para proporcionar a sus hijas e hijos, todos los elementos precisos para su escolarización obligatoria, entre los que se incluyen otros materiales didácticos, libros de lectura obligatoria, etcétera. La gratuidad de los libros de texto ha sido una demanda constante de las asociaciones de madres y padres que en estos meses deberán hacer frente a un gasto entre 200 y 300€ de media por hija o hijo, en un momento en que sigue habiendo más de 25.000 parados en la Provincia de Burgos.

 

Casi 600.000 niñas y niños perdieron las becas para libros de texto el curso pasado tras un recorte en los presupuestos de 67 millones de euros. Una madre concienciada, Elena Alfaro, recogió 265.000 firmas para que la reforma educativa garantizara un sistema de préstamo gratuito de libros de texto en la educación obligatoria de los centros públicos y concertados. Su gesto impulsó una iniciativa que se debatió y aprobó en el Congreso de los Diputados.

El recorte de ayudas educativas por parte de las Administraciones y la situación económica extrema en que han quedado muchas familias por la crisis ha reavivado este viejo debate al que se ha sumado el Consejo Escolar del Estado, el principal órgano de representación de la comunidad educativa en el que participan familias, profesorado, alumnas y alumnos, sindicatos y patronales educativas. Los recortes en estos últimos 4 años no sólo han afectado a las ayudas para libros, también lo han recibido otros servicios como los comedores escolares, o los programas de madrugadores y continuadores. El descenso del presupuesto para becas es evidente. Al igual que los recortes en los presupuestos para gasto en los Centros Educativos y el descenso del número de profesores.

La comisión permanente del Consejo Escolar del estado ha aprobado una iniciativa en la que exigen al Ministerio de Educación que garantice libros de texto y material escolar gratis. Fuentes del consejo señalan que es la primera vez que se aprueba una iniciativa similar, para la que se ha trabajado durante los últimos meses con hasta 15 borradores diferentes. La iniciativa fue impulsada por las confederaciones de padres de alumnos de la enseñanza pública y concertada.

La iniciativa ha salido adelante con 15 votos a favor frente a dos en contra y dos abstenciones. En el texto, se insta al Ministerio a impulsar un acuerdo “especialmente en el seno de la conferencia sectorial” en el que están representadas las comunidades autónomas, que distribuyen parte de las ayudas.

Los miembros del consejo piden que, mientras se pone en marcha la gratuidad, se garanticen las becas suficientes para libros y material escolar “para todo el alumnado que lo necesite, en igualdad de derechos con independencia del territorio en que resida o curse estudios”. Un estudio publicado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) en septiembre de 2013 indica que mientras en Andalucía y Navarra la gratuidad de los libros de texto se extiende a casi todo el alumnado, Madrid, Baleares o Valencia solo concede ayudas “en caso de extrema necesidad”.

También reclaman en el escrito que los mismos textos se mantengan “un mínimo” de cinco cursos escolares y que se impulse una normativa para crear y gestionar bancos de préstamo e intercambio de libros en los centros educativos. O que se fomente la elaboración de materiales por parte del profesorado.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha presentado hace unos meses un escrito dirigido a los grupos parlamentarios en el que se les solicita que impulsen legislativamente la gratuidad de los materiales escolares.

Igual de importante es tener en cuenta  que en el proceso de aprendizaje no sólo es fundamental el libro de texto. También, y cada vez más, se trabaja con nuevas aplicaciones informáticas y las llamadas TIC´s (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). El Ayuntamiento debe de facilitar que las familias con menores recursos puedan tener iguales posibilidades de aprendizaje, cuando el centro educativo en el que cursan estudios sus hijos e hijas emplea de forma obligatoria como método de aprendizaje tablets. Entendemos que la Corporación debe de facilitar iguales ayudas que las que planteamos para los libros de texto.

No es menos desdeñable el facilitar que los estudiantes tengan el entorno más saludable para formarse y aprender sin tener carencias o preocupaciones que dificulten su formación y su personalidad futuras, teniendo que proteger especialmente a los menores de ambientes sociales y familiares envueltos en preocupaciones y de carencias en sus necesidades básicas. Por eso, planteamos que en los periodos en los que no haya actividad docente, los comedores escolares estén abiertos dentro de una programación de actividades lúdicas.

Por estas razones y debido a la negativa de la Junta de Castilla y León a abrir los comedores escolares en verano, proponemos que este Ayuntamiento, al igual que lo han hecho otros de nuestra Comunidad (como Valladolid), habilite comedores escolares para paliar los efectos económicos que esta crisis está causando en la infancia. Se ha evidenciado que casi un 20% de niñas y niños de Burgos viven bajo el umbral de la pobreza y que el cierre de los comedores escolares en verano ha agravado su situación.

Parte resolutiva.

 

1.-Solicitar  a la Junta de Castilla y León a que este mismo año regule por ley la gratuidad de los libros de texto de enseñanza básica para centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como del material informático obligatorio en los centros educativos. Se propone como sistema la compra de libros y tablets a los centros escolares por parte de la Junta, que los libros deberán ser reutilizables por el alumnado durante un período de cuatro cursos escolares, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente para la reposición  la Educación Primaria y Secundaria. En todo caso se dejará autonomía a los Centros. Los avances que se produzcan en la implantación de la escuela 2.0, Plan de Digitalización de las aulas, servirán en el futuro para la sustitución de estos materiales por otros más económicos. Se dotará partida presupuestaria para implantar estas medidas en el curso escolar 2016-17.Este sistema se puede financiar perfectamente con las partidas que venían reservándose para becas de compra de libros durante 4 cursos.

2.- Mientras la Junta aprueba la ley que regula la gratuidad de los libros de texto escolares, el Ayuntamiento debe intervenir garantizando que las familias con bajos recursos dispongan de los libros de texto y tablets para este curso por medio de un acuerdo con los Centros escolares y las AMPAS. Los alumnos recibirán esos materiales en concepto de préstamo, quedando después en poder de los Colegios. Se valorará en una comisión creada al efecto entre la comunidad educativa y la municipal los casos que requieran esta intervención.

 

3.-Que se habiliten centros escolares para instalar comedores o en su defecto un comedor municipal, que atiendan a las necesidades de tantas niñas y niños que, como se ha evidenciado en algunos casos, la única comida que recibían era la del comedor escolar. Se valorará caso por caso en la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento esta necesidad previa solicitud de los interesados. El Ayuntamiento destinará parte del gasto de urgente necesidad para este apartado.

4.- El Ayuntamiento habilitará una partida de becas de ayudas para el comedor escolar en el próximo curso 2015-16 a las rentas más bajas, en tanto en cuanto la Junta mantenga su actual política de altos precios públicos  e insuficiente cuantía económica en la becas de comedor.

5.- Que se inste a la Junta de Castilla y León a volver a implantar los servicios de madrugadores y continuadores con precios públicos asequibles a las familias según su renta disponible. En caso contrario el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de este servicio.