Proposición de Imagina Burgos sobre solicitar a la Junta apoyo para el mantenimiento y mejora de nuestro sector industrial.

El sector industrial es muy importante para Castilla y León tanto por las cifras de riqueza y empleo que genera, como por el importante efecto de arrastre que tiene sobre otras actividades económicas relacionadas en la Comunidad Autónoma.

La industria representa un 22,8% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunidad, porcentaje que supera la media nacional del 18%, según el INE, con cifras de 2015.

En el caso de Burgos, sólo el sector de la automoción, aglutina cerca de medio centenar de empresas y da empleo a más de 7.000 trabajadores directos y otros tantos indirectos. Detrás de esta industria que hace techos, chasis, parachoques, batería, bisagras, etc, hay una demanda previa de metales, plásticos, productos químicos y textiles, componentes eléctricos, etc, que han transformado a Burgos en un gran parque de proveedores.

Recientemente la multinacional Renault, que tiene factorías en Valladolid y Palencia, presentó su Plan Industrial 2014-2016. Una de las intenciones es que el 80% de los proveedores se sitúen en un radio inferior a los cien kilómetros de sus plantas en Castilla y León, con el objetivo de “disminuir los costes logísticos que son muy importantes en el proceso de fabricación”. Con el argumento de la ampliación de sus plantas y la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo, eso sí, tras firmar un acuerdo con los trabajadores para reducir sus salarios, la multinacional ha logrado el apoyo de la Junta de Castilla y León, para invertir 18 millones de euros en un parque de proveedores para Valladolid. También en Villamuriel de Cerrato (Palencia)se han construido naves y edificios para uso industrial, además de la urbanización de 30.000 metros cuadrados, junto a otra de la plantas de Renault.

Todas estas inversiones han precupado hondamente al sector automovilístico burgalés, que tiene en Renault a uno de sus mejores clientes.

El Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León establece las líneas generales y directrices básicas de la política de promoción industrial de la Junta de Castilla y León, con identificación de los objetivos y prioridades perseguidas, tanto generales como, en su caso, especiales, para sectores o zonas. Es, o debiera ser, el instrumento de la Junta de Castilla y León para orientar las actuaciones que se van a llevar a cabo en el período 2017-2020, con el objetivo fundamental de fortalecer e impulsar el desarrollo de la actividad industrial en la Comunidad de Castilla y León.

Este Plan a pesar de sus buenas intenciones, presenta una serie de lagunas como por ejemplo, que no está territorializado, es decir, que no se hace un desglose de qué inversiones se van a hacer en cada territorio. Con lo que la tan cacareada corrección de los desequilibrios, se queda en una mera declaración de intenciones sin concreción presupuestaria alguna. Esto supone que no garantiza políticas reales de lucha contra la despoblación y la falta de empleo en nuestra tierra.

Por otra parte el único protagonista de la estrategia de industrialización parece que es la empresa privada. Casi todo son políticas de financiación de estas empresas con dinero público. Se olvida del peso del sector público como motor de la actividad económica y se reserva un papel secundario a la investigación de universidades e institutos tecnológicos dependientes de ese sector.  Falta también una apuesta por las energías limpias, la economía social, el medio ambiente, etc.

Para alcanzar los objetivos de impulsar y reforzar la actividad industrial en Castilla y León, tal y como se establece en este Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, es necesario aunar la voluntad y la iniciativa de empresas, inversores, empresarios y trabajadores, junto con la Junta de Castilla y León, las administraciones locales, provinciales y regionales, así como los agentes económicos y sociales de la Comunidad, las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y las demás asociaciones y organizaciones que permiten dinamizar y favorecer la actividad empresarial. Hemos de recordar que la partida económica acordada para poner en práctica este Plan de 3 años de duración  era de más de 800 millones euros.

Entendemos que desde la Junta de Castilla y león se quiera apoyar la inversión de las empresas generadores de empleo, pero eso no debe generar diferencias de trato entre las provincias que componen la Comunidad, y mucho menos que la institución pública sea cómplice de la deslocalización de empresas. El tejido industrial de Burgos, y en concreto, como proveedor de componentes para automóvil, debe gozar de la protección y apoyo de la Junta en igualdad de condiciones con otras provincias. Los intereses de una empresa privada no pueden ni deben modificar las políticas destinadas al equilibrio territorial de las industrias existentes. Uno de los objetivos del Plan Director de Promoción Industrial es”reforzar los sectores industriales consolidados en el territorio”. El polígono industrial de Villalonquéjar IV, en la Capital, pese a ser competitivo tiene problemas en la puesta en el mercado por el alto precio de las parcelas, marcado entre otras cosas, por el coste de expropiaciones y urbanización que sufragó el Ayuntamiento de Burgos sin apoyo de la institución regional.

Finalmente, a todo este panorama de incertidumbre, se une la realidad de unas infraestructuras de transporte y logística, que, siendo el punto fuerte del crecimiento histórico industrial de Burgos, en las últimas décadas ha sufrido un decaimiento en favor del Eje Madrid-Valladolid-Palencia-Cantabria-País Vasco, tanto por carretera como por ferrocarril. El abandono de la vía directa del tren por Aranda de Duero para comunicar Madrid con Europa, el retraso del AVE, los negros nubarrones que siempre se han cernido con la liberación de la AP1, además de la eterna promesa de comunicación por autovía con Logroño y Cantabria, nos dejan en una situación muy comprometida para el desarrollo.

Propuesta de resolución:

1.- Expresar formalmente la preocupación de la Ciudad y Provincia de Burgos por el que entendemos es un trato discriminatorio, al hacerse una inversión pública en los Parques de Proveedores de Palencia y Valladolid asociados a la multinacional Renault, perjudicando al empleo de nuestras empresas del sector y generando una desigualdad territorial en la apuesta por la industrialización.

2.-El Ayuntamiento de Burgos y la Diputación deben convocar a todos los agentes sociales y económicos de la Ciudad y Provincia, para elaborar una hoja de ruta o Plan estratégico, que presentar a la Junta de Castilla y León, como elemento tractor de un desarrollo sostenible, y así solicitar a la Junta de Castilla y León su apoyo económico para llevarlo a cabo.

En Burgos  8 de septiembre 2017.