La inspección técnica de edificios en Burgos.

En marzo del 2006 IU ya propuso al Ayuntamiento de Burgos realizar la Inspección Técnica de Edificios a la que obligaba la ley. 6 años después lo quiere aplicar el PP. Veremos como. La falta de trabajo en construcción de nuevos edificios obligan a tomar esta medida para reactivar este sector. Nosotros lo vimos antes. Se hubieran evitado muchos problemas poniéndolo en marcha en su momento. Pero... así estamos. No podrá aplicarse si no va asociada a una línea de ayudas basada en el nivel de renta de sus propietarios, algo que ya manifestamos desde el primer momento.La situación económica de las familias no está para meterse en muchos líos.
Puede ser una buena medida para crear trabajo en el sector de las reformas, y a la vez rehabilitar lo ya construído en pos de la sostenibilidad.
Lo de la oficina del ARCH sí que se hizo aunque no exactamente como demandábamos nosotros.
Aquí os dejo aquella proposición que hice al Pleno en 2006.

 

 

 

Jesús Ojeda Calvo, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos, en virtud de lo estipulado al respecto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, presenta la siguiente PROPOSICION, para que sea debatida y en su caso, aprobada por el Pleno Ordinario del día 10 de marzo de 2006.

 

Puesta en marcha de la Oficina Municipal para la Gestión del A.R.C.H

Redacción de una ordenanza sobre el mantenimiento y conservación de las edificaciones.

Llevar a cabo la Inspección Técnica de los Edificios.

 

Parte dispositiva:

 

            El centro Histórico de Burgos guarda la huella de la estructura urbana de la Ciudad, desde su fundación en época del Conde Diego Porcelos, hasta la actualidad. A las faldas del Castillo del cerro de la Blanca, fue desarrollándose , ya extramuros de la primitiva muralla, al abrigo del floreciente Camino de Santiago, hasta finalmente llegar  a la vega del Arlanzón , su frontera natural. En este centro Histórico en gran parte conservado, se encuentran entre un sinfín de bienes catalogados como de Interés Cultural , dos principalmente, como son la Catedral y el Camino de Santiago, ya citado, que  son también Patrimonio de la Humanidad.

 

 

Como en otros Centros Históricos, el paso del tiempo, ha producido una degradación, acompañada de un descenso en el número de casas habitadas, lo que lleva a un serio peligro de abandono y ruina. Por ello la actividad comercial y de servicios en estas zonas se retiran ante la marginalización progresiva de la población.

 

 

El Centro Histórico de Burgos no ha desaparecido en las fases desarrollistas delos 60-70, pues el crecimiento de la ciudad fue hacia otras zonas, sin embargo requiere de medidas urgentes que no sólo lo protejan como hace el PECH, sino que lo rehabiliten y lo pongan en valor. Para ello se han puesto manos a la obra tanto el propio Ayuntamiento de Burgos, que ha solicitado un ARI para la zona alta del Centro Histórico, como la Asociación Plan Estratégico que lo ve como uno de sus proyectos tractores. Sin duda, como ha ocurrido en otras ciudades, la recuperación de esta zona urbana, no sólo servirá para atraer turismo y actividad económica, sino que deberá traer nuevos vecinos y regenerar vida en sus calles. Las ayudas llegan fundamentalmente de las actuaciones del Plan Director de Vivienda y Suelo de la Junta.

 

 

Estamos ahora en el momento de crear instrumentos de gestión, impulso e intervención. En el caso del Área de Rehabilitación Integrada hemos de actuar sobre 68.190 metros cuadrados, 647 viviendas ubicadas en 89 edificios, con una población de 1.221 en el que la mayor parte son ancianos y con recursos limitados . Los métodos empleados en otros ARI pueden no valer por este carácter específico poblacional, y ser necesaria la intervención sistemática e integral de la Administraciones. Se trata de una rehabilitación “física” y “social”.

 

En el documento que redactan “ al alimón” el Colegio de Arquitectos y el propio Ayuntamiento, se especifica , que” serán objeto de rehabilitación los edificios, las viviendas y la urbanización, y se plantea una acción concertada entre el Estado, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. El montante total de la operación financiera es de casi 19 millones de euros, donde se estima que los particulares costeen poco más de 6 millones, y el resto a partes iguales entre las administraciones, excepto la reurbanización que corre a cargo del Ayuntamiento fundamentalmente. Todo ello en tres años como período de intervención (2006-09).

 

 

Proponemos la creación de una Oficina Municipal para la Gestión del Área de Rehabilitación Integral del Centro Histórico, compuesta por un equipo humano ya existente dentro de este Ayuntamiento, con formación adecuada, y que se encargue de coordinar e incorporar nuevos instrumentos al servicio de la regeneración y cuidado de este entorno. Un equipo formado por un arquitecto, un aparejador, un jurídico-economista, dos administrativos, un historiador-arqueólogo y un asistente social, estimamos, son suficientes para hacer frente a este trabajo.

 

 

 

En segundo lugar, el Reglamento de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, que fue aprobado el 29 de enero de 2004 establecía en su artículo 315 y siguientes, que los edificios construidos antes del 1 de enero de 1950 debían pasar la Inspección Técnica de Edificación antes del 30  de diciembre del 2005. Este precepto no se ha cumplido en ningún caso en la Ciudad de Burgos, ni en ninguna otra de Castilla y León y hemos de recordar que afecta a todas las localidades con más de 20.000 habitantes y que tengan aprobado el PGOU.

 

 

 Ello no es excusa para que el Ayuntamiento de Burgos no se decida a aprobar una Ordenanza Municipal sobre conservación y rehabilitación de la edificación, donde se regule sobre la Inspección Técnica de Edificios.

 

 

 Modelos hay desde hace muchos años en otras Comunidades Autónomas y en concreto en Madrid existe desde 1999, donde se obliga a los propietarios “de terrenos, construcciones y edificios” al deber de “conservarlos o rehabilitarlos para mantenerlos en buen estado de seguridad, salubridad, ornato público y decoro” con el fin también de mantener la habitabilidad y las condiciones de seguridad. Para ello los propietarios deben pasar cada cierto tiempo una ITE y a presentar un certificado de ésta ante el Ayuntamiento.

 

 

Cualquier Ayuntamiento de Castilla y León de mas de 20.000 y con Plan General De Ordenación Urbana vigente, que decida limitar la obligación de pasar la inspección a determinados ámbitos o incluso tipos de edificios puede hacerlo, pues el artículo 315.2.b del citado Reglamento de Urbanismo se lo permite. Lo que no es de recibo en las administraciones públicas es éste no hacer nada , y dejar pasar el tiempo mientras se deteriora el patrimonio construido.

 

 

Debiéramos de comenzar por realizar un Censo de los edificios que deban pasar la Inspección este año, comunicándoselo a los propietarios. Establecer unas pautas para guiar a los profesionales que realicen las ITES, y entablar acuerdos con los Colegios Profesionales para llevar a cabo la ejecución subsidiaria de esas inspecciones.

 

 

 

En el ámbito del PECH no se debería dar ninguna ayuda para la rehabilitación sin antes haber pasado una ITE, siendo imprescindible un análisis somero del edificio por si fuera más necesaria otra intervención, para su estructura y mantenimiento, que la solicitada para subvención.

 

 

 

Las políticas de colaboración entre las diferentes administraciones implicadas, los propios ciudadanos afectados, y sobre todo la iniciativa pública, como se ha demostrado en otros casos similares (Ciutat Vella en Barcelona, Vitoria, Madrid...), son instrumentos muy necesarios para recuperar el patrimonio arquitectónico de los Centros Históricos. Del mismo modo se regenera la calidad urbana en estas zonas, por medio de la mejora de las infraestructuras y las dotaciones públicas. Esta mejora urbana llevará a incrementar la actividad económica y social del entorno, siendo en suma “tejido vivo urbano”de nuevo.

 

Parte resolutiva:

 

 

Por todo ello proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Burgos el siguiente

                        ACUERDO

1.-La puesta en marcha de una Oficina Municipal de Gestión del A.R.C.H con personal especializado que ya trabaja en este Ayuntamiento.

 

2.-La inmediata aprobación de una Ordenanza sobre Conservación y Rehabilitación de la Edificación.

 

3.- Tomar medidas para que se cumpla la Inspección Técnica de Edificios a que  obliga el Reglamento Urbanismo de Castilla y León.

 

 En Burgos a 10 de marzo de 2006.

 

Fdo: Jesús Ojeda Calvo

Portavoz de Izquierda Unida

Ayuntamiento de Burgos.

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS.

El aeropuerto de Burgos.



Que el aeropuerto de Burgos es una ruina, como demuestran los datos incluídos en el blog de burgos digital ( http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2012/01/el-aeropuerto-de-burgos-es-una-ruina-i.html ) , no hay duda. El año pasado tenía un déficit de casi 7 millones de euros. También lo es que el coste lo asumen las familias castellano y leonesas que no lo utilizan. ¿Qué sentido tiene hacer y mantener esta infraestructura que ya costó 50 millones de euros, para que lo utilicen unos pocos privilegiados que viajan a Barcelona a hacer negocios? Su origen e iniciativa estaba pensado para un gran complejo de mercancías por avión, ferrocarril y carreteras en Villafría. Todo acabó cuando alguien dejó claro que la pista contruída era insuficiente para los aviones de mercancías. En el Plan Director que aprobó la Asociación Plan estratégico y Aena ya se sabía que tipo de aviones podían utilizarse y aquí está la fotocopia de esa página:

 

 

No es normal que se planteen 4 aeropuertos en una Comunidad de 2,5 millones de habitantes y luego se lleven excursiones de la tercera edad a coger aviones a Santander o Vitoria. Algo falla. A no ser que algunos tengan deseos de figurar y vender realizaciones a costa de hipotecar el futuro de los ciudadanos de esta comunidad.

Este es el gráfico publicado el Diario ABC hace una semana en la que Castilla y León está a la cabeza de España en subvenciones públicas a las compañías aéreas que operan.

Cada billete de avión que se compra en el aeropuerto de Burgos está subvencionado con 225 euros.

 

 

Es más, sin esta financiación pública sería impensable mantener sus aeropuertos. ¿Estamos dispuestos a pagar estos aeropuertos que la mayoría de ciudadanos no utilizamos? ¿No sería mejor invertir en recuperar, por ejemplo, la gratuidad en la AP1?

 

 

En este asunto hay culpables: el Ayuntamiento, Diputación y Junta gobernados por el PP, Gobierno Central gobernado por PSOE y las entidades privadas representadas en la Asociación Plan Estratégico de Burgos. 

 IU Burgos ya avisó de lo que estaba ocurriendo. Aquí está la prueba:

 

Nota informativa de Izquierda Unida de Burgos.

EL AEROPUERTO DE BURGOS NO PUEDE ADMITIR FLOTA DE CARGA POR SU ESCASA LONGITUD DE PISTA.

 

La aseveración que hacemos en el titular es rotunda y a la vez indignante, pues ya se sabía desde un principio y aún así es un dato importante que se ha ocultado a la opinión pública de Burgos, invirtiendo 41 millones de euros en un aeropuerto público cuyo principal objetivo era el intercambio de mercancías en un puerto interior que conectaba ferrocarril, carreteras y transporte aéreo, en el nudo logístico de Villafría. Este era el objetivo marcado por la Asociación del Plan Estratégico que consideraba este proyecto como uno de los “tractores” que debían servir a la industria burgalesa para su posterior desarrollo económico, aprovechando su tradicional liderazgo en las conexiones estratégicas entre el Centro y Norte de la Península.

 

En el Plan Director del Aeropuerto de Burgos, en concreto en el estudio complementario 2 titulado “Longitud de pista” y en la tabla 2.6.- flota de estudio.(documento que adjunto en esta nota informativa) , se especifican todos los modelos de aeronave que disponen o dispondrán las principales compañías dedicadas al transporte aéreo regional. En este gráfico se relacionan número de pasajeros, tipo de aeronave y longitud de pista necesaria. Pues bien, en la pista de Burgos de 2100 metros de longitud no puede operar ningún avión de más de 100 pasajeros. Si se sabe que en el caso de los vuelos comerciales se necesitan aviones de 300 pasajeros para compartir con carga, y que la longitud de la pista debe ser de al menos 3.500 metros, pues se entiende que hasta ahora y en el futuro ( a no ser que se haga otro Aeropuerto nuevo) el de Burgos es imposible para carga de mercancías.(Véase declaraciones de González Placer- ex director de Vitoria International Airport a Diario de Burgos, página 9 día 21 de noviembre de 2008)

 

 

            El Plan Estratégico de la Ciudad de Burgos definía a Villafría como una de las   áreas de oportunidad, entre otras cosas por la presencia del futuro Aeropuerto. En ese entorno se pretende crear un nudo logístico de transporte, donde se concentren las mercancías que vengan bien por ferrocarril, carretera o avión, en lo que se ha dado en llamar un puerto seco. La cercanía al Polígono de Gamonal-Villímar, y su conexión futura por medio de la circunvalación con el de Villalonquéjar, junto al desarrollo del Centro de Actividades de Villafría, dinamizarán este entorno, siendo pieza clave de varios proyectos tractores del crecimiento económico de Burgos.

 

            El antiguo aeródromo militar fue obtenido por el Ayuntamiento por medio de un desastroso convenio entre el PSOE en Madrid y el PP en  Burgos, donde se recalificaron suelos en los chalets de Aviación y en Dos de Mayo, para pagar así, con subidas del precio de la vivienda, los terrenos de Villafría que en su momento habíamos cedido gratuitamente. Con la loca idea de hacer un Aeropuerto Municipal. Hubiera sido el primero. Finalmente se desistió y será gestionado por la empresa estatal pública Aena.

 

            Nosotros lamentamos la tardanza en la gestión del asunto, y la falta de estudios que  nos aseguren la viabilidad de este aeropuerto, teniendo en cuenta la operatividad plena de otros relativamente cercanos. Así mismo debemos valorar negativamente la longitud de la pista y su cercanía a zonas habitadas, lo que induce a pensar que principalmente se harán viajes de ocio, y para ejecutivos, decayendo el uso para mercancías, que necesitan de aparatos más grandes. No se trata de hacer un aeropuerto, se trata de que sea útil.

 

Fdo: Jesús Ojeda Calvo

Portavoz IU Ayto. Burgos

Burgos a 22 de noviembre de 2008.

 

 

 

 

 

 

Sobre la gratuidad de libros de texto escolares.

En septiembre de 2006 pedimos que los libros de texto escolares en enseñanza obligatoria fueran gratis. En 2012 seguimos igual. El costo de los libros y material escolar en los días aciagos que tocan vivir son inasumibles para muchas familias. Aquí os dejo la proposición que presenté en el Pleno del Ayto. de Burgos en 2006.




D. Jesús Ojeda Calvo, como Portavoz del Grupo de Concejales de Izquierda Unida(Grupo Mixto), de este Ayuntamiento, en virtud de lo estipulado al respecto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, presenta la siguiente PROPOSICION para que sea debatida y, en su caso, aprobada por el Pleno Ordinario del día 22 de septiembre de 2006.



EN DEMANDA DE LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS ESCOLARES Y DEMAS MATERIALES CURRICULARES.





En 1998, CEAPA (Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos) elevó al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular con el respaldo de más de 600.000 firmas, que exigían de la Administración que se hiciera cargo del coste de los libros de texto y demás materiales curriculares en las enseñanzas obligatorias, iniciativa que fue rechazada por los grupos parlamentarios de PP, CIU y PNV. No obstante se creó una subcomisión que estudió el asunto dentro de la Comisión de Educación del Congreso.

A pesar de que aquella subcomisión dictaminó que “la gratuidad de los libros de texto en los niveles de enseñanza obligatoria es un objetivo al que debe tenderse de forma gradual”, ocho años después la realidad es que en muy pocas Comunidades Autónomas se está implantando. La más avanzada es Castilla la Mancha donde este año alcanzará a toda la Primaria y la ESO afectando a casi 200.000 escolares, ahorrándose sus familias una media de 150 euros . El sistema Castellano Manchego es sencillo. Los profesores deciden los libros a comprar y dan a sus alumnos un vale canjeable en las librerías, que luego pasarán su factura en los colegios. Estos, a su vez , habrán recibido el dinero de la Consejería de Educación. Los libros pertenecen al centro y pasarán de un alumno a otro. Tendrán una vigencia de cuatro años salvo que se deterioren antes. El sistema tiene una triple dimensión:

• Acuerdo con librerías para que se beneficien del sistema porque es incompatible con promociones o descuentos.
• Ahorro económico innegable para las familias.
• Educación en valores que proporciona, pues los niños cuidan los libros que tendrán que utilizar otros, y se fomenta la igualdad.

La Constitución en su artículo 27.4 dice:”La Enseñanza Básica es obligatoria y gratuita”.En la realidad esto no se cumple, especialmente en lo relativo a los libros de texto. La gratuidad es fundamental para conseguir efectivamente la igualdad de oportunidades de todos/as a la educación, por lo que Izquierda Unida exige a las diferentes Administraciones que tienen competencias en este asunto, que se adopten las medidas necesarias tendentes a conseguirlo.

Cada familia en España tiene que desembolsar a comienzo de curso, sólo en libros de texto, de 150 a 200 euros en libros por cada hijo/a que estudie en Primaria, y en torno a los 250 euros si realiza algún curso de Secundaria. Las editoriales contribuyen con el aumento de precios no sólo con el IPC, sino con la realización de nuevas ediciones anuales, con lo cual nunca valen para los hermanos pequeños.

También muchos profesores cambian la elección de los libros de texto sin que se haya cumplido el plazo de vigencia de 4 años que marca el Real Decreto 1744/1998 de 31 de Julio.

En la mayoría de los países europeos los libros de texto son gratis para los escolares. Así ocurre en Noruega, Suecia, Islandia y en Dinamarca. También en Francia, Alemania, Grecia...En algunos lo es sólo en la Primaria, es el caso de Holanda, estableciéndose para la Secundaria un sistema de alquiler y préstamo de libros usados. En la mayoría de los países citados es el Gobierno Central quien se encarga de la inversión en libros de texto, si bien en algunos casos se complementa con ayudas de los Ayuntamientos. En Suecia las arcas municipales se ocupan de todo.

Ahora, cuando se empieza a hablar de la utilización de materiales informáticos, hablar de la gratuidad de los libros de texto puede sonar a antiguo, pues lo que ya se tenía que estar financiando son esos nuevos soportes informáticos. No obstante lo único que indica esto es el considerable retraso de las medidas. En Castilla y León se firmó junto al Acuerdo de Transferencias de Educación, un calendario en el que se establecía para el 2003-04 la gratuidad , pero la Consejería lo ha incumplido y no ha iniciado el proceso; sólo ha contemplado ayudas para los alumnos de nivel socioeconómico bajo.

Teniendo en cuenta que en España 4,5 millones de escolares entre 6 y 16 años, al Gobierno Español y sus Autonomías le saldrían por unos 550 millones de euros anuales este gasto de los libros de texto. Una cifra que supera levemente el 1% de lo que se dedica en España a Educación. Creemos que es un gasto necesario y debe llegarse a acuerdos entre administraciones para sufragarlo.

Por ello proponemos al pleno :

1.- Instar a la Junta de Castilla y León a iniciar un proceso para el próximo curso, que lleve a la gratuidad total de los libros de texto y materiales curriculares, para los alumnos y alumnas de enseñanzas obligatorias financiados con fondos públicos.

2.-Instar al Gobierno Central para que llegue a acuerdos con las Comunidades Autónomas con competencias en educación para financiar la gratuidad de los libros de texto y materiales curriculares.


3.-Desde el Ayuntamiento se instará de igual modo a que Diputación, APAS y Sindicatos se coordinen para que la colaboración de todos lleve a la implantación con éxito de la gratuidad.

Fdo: Jesús Ojeda Calvo.

Portavoz de IU Ayto. Burgos.

Proposición al Pleno del Ayto. de Burgos presentada en 2004 por IU sobre la liberación del pago del peaje de la AP-1 entre Burgos y Miranda.

A finales del 2004 y meses antes de ser concejal redacté esta proposición para mi compañera Lourdes Martín. Ocho años después seguimos con los mismos problemas sin resolver tras los gobiernos del PSOE y PP.

Doña Lourdes Martín López como portavoz del Grupo de concejales de Izquierda Unida(Grupo Mixto),ateniéndose en lo dispuesto en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986,de 28 de noviembre ,por el que se aprueba el Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales , formula ,para su discusión y ,en su caso ,aprobación , en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo día_____ de ________ del 2004 ,la siguiente

            PROPOSICIÓN 

El Real Decreto 1808/1994 ,de 5 de agosto de 1994 , publicado en el BOE número 214 de 7 de septiembre de ese mismo año, modificó determinados términos de la concesión de la Autopista(llamada entonces) Burgos-Cantábrico (Málzaga), ahora Burgos-Armiñón (AP-1).En concreto se cesaba en la obligación de la concesionaria de la Autopista de la construcción de los tramos Armiñón-Urbina y Urbina-Málzaga, se obligaba a ésta a la construcción de un tercer carril en el tramo de circunvalación de la Capital (entre el nudo Landa y Castañares), y se prorrogaba el plazo de concesión de la Burgos-Armiñón hasta el 31 de agosto del año 2017.Todo ello se justificó porque en ese momento la Autopista no lograba absorber el tráfico sobre (todo de camiones) que en su gran mayoría seguían circulando por la N-1,y se buscaba con ello una rebaja en los precios(carísimos, por cierto) de la Autopista, sobre todo para los que utilizan el corredor con frecuencia.

Al mismo tiempo la Administración no hacía nada para mejorar las condiciones de seguridad de la N-1,lo que llevó a un paulatino incremento de los accidentes conforme crecía el tránsito por esta vía. Indirectamente se estaba “invitando” a los conductores a utilizar la Autopista de Peaje (más segura), en vez de este tramo de la N-1 entre Burgos y Miranda que en invierno presenta unas condiciones muy malas de conducción, por la meteorología adversa.

La situación, y las  “pretendidas” razones que llevaron a la prórroga de la concesión han cambiado. El tránsito por la Autopista AP-1 llega en la actualidad a superar cifras de más de 3.300 coches/hora, con lo cual la rentabilidad de la Concesión está fuera de toda duda. La construcción del tercer carril en la circunvalación se ha iniciado “cuando estaba a punto de sonar la campana” y aún no es una realidad. Mientras tanto los burgaleses y quienes pasan por nuestra Ciudad, seguimos soportando cada vez más congestiones de tráfico, por falta de circunvalación o insuficiencia del único tramo existente.

 

Por último, el desarrollo económico de las localidades de Burgos, Briviesca y Miranda está quedando abortado debido a que las empresas deben hacer un esfuerzo económico suplementario para transportar sus mercancías por carreteras de primer nivel, lo que incrementa los costes ,y por ello perjudica la competitividad. Los trabajadores que se trasladan a sus puestos de trabajo desde Burgos a Miranda y Briviesca  y viceversa, corren constantes peligros si utilizan la N-1,o soportan costos económicos si utilizan la AP-1. Todo ello a pesar de vivir junto al nudo de comunicaciones más importante de España, motivo sin duda de la expansión industrial en décadas anteriores. En  concreto este problema afecta en la Capital al complejo de transporte y Puerto Seco que se quiere crear en Villafría. La existencia del tramo de Peaje entre Castañares y Rubena estrangula las posibilidades de ese futuro Centro Intermodal y Parque tecnológico, con el futuro Aeropuerto y la estación de trenes de mercancías.

Parte resolutiva.

  Instar al Ministerio de Fomento a:

1-      Liberar el peaje de la Autopista AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, ejecutando en su caso un plan de accesos desde ésta a las diferentes localidades del territorio por el que pasa, y enlaces adecuados con la N-1.

2-      Liberación inmediata del tramo de la AP-1 entre el peaje de Castañares y el de Rubena.

3-      Ejecución de las obras necesarias para que la N-1 se mantenga como una vía segura.

4-      Acortamiento de los plazos para el cierre total de la circunvalación de la Ciudad de Burgos.

En Burgos a      de           del 2004.

Este es el Plan de vivienda que IU presentó en el Ayto. de Burgos para su aprobación en el 2004. No se nos hizo caso y el acceso a la vivienda para la mayoría ha sido un lastre que ha afectado gravemente al consumo de las familias.

Propuestas de IU para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

El precio medio de las viviendas se ha duplicado en 6 años, mientras que las rentas salariales tan sólo han  crecido un 20% en ese período en España. El esfuerzo necesario para adquirir una vivienda representa hoy más del 45% del salario medio, provocando tales niveles de endeudamiento en las familias que el propio Banco de España ha lanzado una señal de alarma. Mientras tanto, la vivienda en alquiler representa tan sólo el 9% del parque total de viviendas, con mucho el más bajo de Europa. A pesar de ello, la Vivienda de Protección Pública ha desaparecido prácticamente del país, y tras ella se ha producido la caída en picado de la VPO de iniciativa privada. Las instituciones públicas se inhiben como agente inversor, no se interviene directamente en el mercado de la vivienda, y se usa un retrógrado sistema de ayudas directas y fiscales, cerrando los ojos ante el descalabro de la vivienda pública y protegida, transformando el territorio en un mero soporte inmobiliario.

Para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, IU considera imprescindible un Pacto de Estado entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sobre el suelo y la vivienda, que se fundamente en el gasto público directo, y en el suelo público como motor de una política de vivienda al servicio de la sociedad y no de intereses especulativos. Proponemos sustanciales modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local, para que se potencien los instrumentos municipales de planeamiento y ordenación de los conglomerados urbanos con una planificación hacia la sostenibilidad.. Para ello es imprescindible la participación ciudadana, que para que sea operativa, debe ser suficientemente informada. En este sentido creemos necesario el cambio en la legislación sobre suelo y urbanismo, que contengan las líneas básicas de lo apuntado anteriormente. Del mismo modo pedimos la devolución a los municipios de los terrenos e infraestructuras que en su día fueron cedidos para uso militar, viario, sanitario, etc, y que hayan sido desafectados.

En el caso de Burgos Capital se han producido en las últimas décadas algunas circunstancias que nos han llevado a estar entre las ciudades de España con los precios más altos en vivienda .El volumen de viviendas de promoción pública ha sido muy reducido durante 50 años(1940-90), con un 10,20% sobre el total construido. Desde 1970 comenzó el fenómeno de contar con un número considerable de viviendas desocupadas a la vez que se apreciaba una falta de las asequibles. La promoción privada llevaba las riendas de tan próspero negocio. La oferta se dirigía a la creciente clase media y a la clase alta. Los PGOU han sido incumplidos sistemáticamente durante décadas y sólo han servido para legalizar los desaguisados cometidos.

Algunos datos nos pueden servir para ver cómo hemos llegado a la actual situación:

            -Las viviendas de promoción pública en Burgos Capital entre 1970-90:  2.238

            -Las viviendas de promoción privada en Burgos Capital entre 1970-90: 17.004

            -De estas últimas el 67%  han sido construidas por grandes promotores, entre

 ellos: A.M Méndez Pozo 2.619,Arranz Acinas 2.282, CAM 865,

             CACCO 716, Glez. Alonso 655, Aragón Izquierdo 582, etc.[1]

En los últimos años el proceso ha seguido por parecidos derroteros y el aumento vertiginoso de la construcción de pisos, no ha servido para bajar o estabilizar su precio, al tiempo que la intervención pública ,al ser mínima, no ha solucionado este agudo problema que los burgaleses entienden como el primero y más grave de los que tiene la Ciudad.

 Proponemos las siguientes medidas concretas a tomar:

1-     Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, estableciendo la reserva municipal de suelo integrado en la ciudad, un porcentaje más alto en construcción de VPO(en torno al 50%), y densidades  de edificabilidad siguiendo criterios de sostenibilidad. Finalmente, introduciendo condicionantes medioambientales en la edificación y urbanización: ahorro energético, eliminación de barreras, 3ª tubería de agua, arquitectura bioclimática, peatonalización etc. Así mismo se deberá acometer un plan de ordenación de todo el Alfoz.

2-     Cumplimiento de la Ley de plazos de edificación. Establecer una cuantificación de las intervenciones públicas a realizar en una legislatura y periodizar la construcción de vivienda de promoción pública: en torno a 500 viviendas anuales sería un buen ritmo. Se construirán nuevos equipamientos sociales al tiempo que las viviendas y los ejes de comunicación.

3-     Poner en juego el patrimonio municipal de solares y viviendas para uso exclusivo del fin que se persigue: abaratar el precio de la vivienda y solucionar el acceso a ésta por parte de los sectores sociales más desfavorecidos. Incremento constante de este patrimonio con el 5% del presupuesto anual de inversiones.

4-     Ampliación de la funciones  de la Gerencia de Urbanismo con el fin de darle la posibilidad de actuar en el ámbito de la vivienda, con más competencias: promoción pública, control de los alquileres, rehabilitación, intermediación, información, elaboración de estudios, etc.

5-     Es imprescindible llegar a acuerdos entre las distintas instituciones para poder financiar todas estas medidas y trabajar coordinadamente. Establecer un Pacto burgalés por la Vivienda en el que se implique la Junta, Diputación, Gob.Central,  e incluso las Cajas de Ahorro .Ello es debido a la falta de capacidad financiera de los ayuntamientos que no llegan al 15% del gasto total público

6-     Creación de un Instituto, Empresa pública o Agencia de suelo, vivienda y alquiler social. IU promoverá la creación de estos instrumentos orientados tanto a la provisión de suelo, como a la promoción de vivienda de protección oficial, y a gestionar y movilizar un parque de viviendas en alquiler social.

7-     La participación ciudadana en las políticas de vivienda. Impulsar la participación de los ciudadanos y asociaciones en el diseño, junto con el Ayuntamiento del planeamiento futuro y las políticas que sobre vivienda y urbanismo se diseñen. Potenciar el Consejo Sectorial de Urbanismo para estos fines al tiempo que una mayor información a la ciudadanía en general.

8-     Drástico incremento en la producción de VPO y Vivienda Social. Pero la VPO que IU propone deberá tener unas características muy determinadas:

-Deberán estar calificadas de por vida, de forma que sólo se transmitan a personas que cumplan los requisitos iniciales, y por el precio que marque la normativa.

-Sólo se cederán en derecho de superficie a 75 años, con precio máximo entre 80.000 a 150.000 euros. A los 75 años revertirán a la Administración.

-Las viviendas sociales sólo se cederán en alquiler con una renta media entre 150 y 200 euros mensuales.

-Todas ellas se adjudicarán por sorteo, con total transparencia de las Administraciones, primándose a colectivos y familias de especiales circunstancia.

9-     Una decidida apuesta por el alquiler social y protegido. El 40 % de las actuaciones en materia de vivienda protegida tendrán como destino el alquiler.

10- Vivienda vacía. Creación de Agencias Públicas de alquiler de vivienda, obteniendo el usufructo temporal de éstas para ser alquiladas a precios sociales. Al propietario se le garantiza el cobro del alquiler a precio de mercado y la conservación de sus inmuebles. La diferencia va a cargo de los presupuestos públicos. Se gravará fiscalmente a quien teniendo una vivienda desocupada no la ponga en alquiler.

11- Ayudas a la rehabilitación y a la compra de vivienda libre usada. Se subvencionará la rehabilitación individual y colectiva de edificios. También se concederán subvenciones para la compra de vivienda libre usada.

12- Nuevas fuentes de financiación. Las Adm. Públicas liderarán acuerdos con entidades privadas para incentivar su participación en operaciones de compra, promoción y alquiler de VPO.

13- Lucha contra el fraude en materia de vivienda protegida. La admin..Gral. del Estado en cooperación con la Junta, el Ayto. y los notarios y registradores vigilarán el mal uso y el fraude en las VPO, utilizando el derecho de tanteo y retracto donde convenga.

14- Una nueva legislación sobre suelo. Instar desde el Ayto. a quien tenga competencias a que modifique la Ley del Suelo, garantizando en su texto la consecución del interés público en la ordenación urbanística.

15- La reforma necesaria de la financiación de las Corporaciones Locales. La venta de suelo público no debe seguir siendo el modo en que los municipios aseguran la financiación de sus crecientes necesidades.

16- Incremento del gasto público en vivienda y modificación de su estructura. El gasto público en vivienda en España representa tan sólo un 30% de la media de la UE. Además sólo un tercio se dedica a inversión directa  y el resto es gasto fiscal. Proponemos triplicar el gasto, pasando del 1% del PIB actual al 3%, promoviendo la convergencia así con la UE. Y subvertir al tiempo esta estructura del gasto, siendo un 75% el destinado a inversión directa en vivienda protegida.

17- Cooperativas de VPO. Se debe apoyar  a las cooperativas con verdadera base social en la producción de VPO, separándolas de las”ficticias”que de forma fraudulenta montan algunas promotoras privadas en torno a los concursos públicos

18- Protección preferente de determinados colectivos. Los ancianos, minusválidos, inmigrantes, jóvenes, familias  monoparentales, marginales, etc, deberán ser objeto de tratamiento especial en materia de vivienda.

19- El medio ambiente y la vivienda. Integración del medio ambiente en los proyectos constructivos por medio de normativas y políticas públicas. Empezando por dar ejemplo en los edificios hechos por la Administración. Promoción de la eficiencia energética y tecnología bioclimática.

20- La prevención de riesgos laborales. La construcción tiene una gran incidencia en la siniestralidad laboral. Consideramos que se debe impulsar la prevención en este sector y el aumento de inspecciones.

21- La reforma del Estatuto del Consumidor en materia de vivienda. IU promoverá un Estatuto legal del consumidor en materia de compra o alquiler de vivienda, que ofrezca protección jurídica a los inquilinos y a los propietarios. Tanto la OMIC como la propia Gerencia de Urbanismo con una oficina de información, pueden encargarse a nivel local de Burgos de los conflictos que surjan en estos temas de vivienda.

22- El fenómeno de la ocupación. Despenalizar en el Código penal este fenómeno. Diálogo como forma de solucionar las necesidades reales de espacios públicos.

23- Establecimiento de programas de actuación  pública concretos. Sirvan como ejemplo los siguientes:

-         Construcción de viviendas en venta, acogidas a algún régimen de financiación VPO: éstas tienen limitado su precio máximo, y la posibilidad de obtener préstamos cualificados y subvenciones de la Admón. Central  y Autonómica. Su superficie oscila entre 50 y 90 metros cuadrados. Los destinatarios no deben superar unos ingresos anuales de 5,5 veces el SMI. Se establece un pliego de condiciones; el plazo para optar a estas viviendas está abierto todo el año, formando un listado de demandantes. Se atiende en primer lugar a aquellos que no disponen de vivienda en propiedad, incorporándose después a otros que cumplan la normativa para el acceso a VPO(R.D. 1/2002).

-         Viviendas en alquiler. Se trata de viviendas de nueva planta o procedentes de edificios rehabilitados , destinadas al alquiler o a la cesión de superficie por un número de años. Tienen limitada su renta mensual y también se acogen  a régimen de financiación de VPO, así como ayudas de la Junta y Fomento. Los destinatarios son personas con ingresos anuales ponderados de 2,5 veces el SMI, y la renta máxima anual no puede superar al 2,5% del valor de la vivienda. Como en el caso anterior se aplican unos baremos y se mantiene un listado de demandantes. El Ayuntamiento gestiona directamente su parque de viviendas en alquiler.

-         Fomento del alquiler de viviendas desocupadas. Tras hacer un censo de viviendas vacías en la ciudad, el Ayto. contactará con los propietarios para que las pongan a disposición de ser alquiladas por el primero, garantizándoles el pago del alquiler y la devolución de su vivienda en perfecto estado al finalizar el contrato. De forma paralela se establecerá un programa de ayuda al pago del alquiler para jóvenes, mujeres y familias con pocos recursos. Por último se gravará a la vivienda desocupada con un tipo de IBI el máximo permitido por la legislación.

-         Programa de rehabilitación de edificios y espacios urbanos degradados. Los edificios que se acogen a estas ayudas, así como los solicitantes, deben cumplir con unos requisitos relativos a tipos y necesidad de las obras a realizar, características y edad del edificio, ubicación, así  como una limitación de los ingresos por parte de quien solicita las ayudas. En el caso de espacios urbanos se trata de una actuación directa del Ayto. en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar su adecentamiento de calles, plazas, fachadas, medianerías...

-         Colaboración con los programas de área de rehabilitación integral(ARI)que designe la Junta, como los de Río Vena y en futuro del Centro Histórico, y barriadas como Juan XXIII e Inmaculada, y otros que se propongan.

-         Medidas de rehabilitación de viviendas vacías, especialmente en el Centro Histórico, para ser puestas en manos de la bolsa de alquiler del Ayto. Se debe plantear desde esta institución en algún caso adquirir algún edificio para su reforma y utilización social.

-         Plan de adquisición diferida a pensionistas. Puede el Ayto. ofrecer unas ayudas o comprar la vivienda a pensionistas en vida con penurias económicas, y luego pasar éstas a la bolsa de alquiler. Como objetivo, la mejora de las condiciones de vida de los ancianos, pudiendo acogerse a programas de vivienda tutelada, residencias, u otras de alquiler social más adaptadas a ellos. Al tiempo se optimizan unas viviendas que fueron pensadas para 4 o más personas y en las que actualmente vive tan sólo 1.

-         Otras actuaciones: como generar suelo urbanizado para la construcción de VPO, con destino a la pequeña  y mediana empresa y  sector cooperativo. Por medio de una empresa de capital totalmente municipal o bien directamente por medio de su brigada de obras en algunos casos, construye equipamientos y sistemas de dominio y uso público, así como para otros organismos. Finalmente se puede asumir la iniciativa municipal en la promoción y gestión de aparcamientos públicos.

-         Se establecerá un programa de financiación para desarrollar todas estas actuaciones, de forma concertada con las instituciones implicadas y Cajas de Ahorro.

Burgos a 10 de octubre del 2004  Izquierda Unida Burgos.

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[1] Díaz Miguel ,Pedro. Crecimiento Urbano y segregación social en Burgos 1940-90.IMC Ayto. Burgos.2003.